Pachuca de Soto, Hgo., 14 de enero de 2025.- Durante la sesión, también se planteó que organismos operadores de agua otorguen subsidios, apoyos o descuentos en la tarifa de servicio doméstico
Durante la tercera sesión de la diputación permanente, el legislador Avelino Tovar Iglesias, del PVEM, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman y adicionan artículos de la Ley de Educación del Estado de Hidalgo, con el fin de implementar la educación financiera.
En su turno, el diputado indicó que resulta imperativo promover reformas legislativas que garanticen la incorporación de la educación financiera como un componente obligatorio en los planes y programas de estudio, reconociéndola como una herramienta estratégica para el desarrollo sostenible del país.
La educación financiera, indicó el diputado, debe comenzar desde la niñez: “propongo que se inicie desde la educación primaria y continúe durante la secundaria y media superior con el fin de que los educandos puedan entender, comprender y aprender conceptos económicos y financieros básicos desde la niñez y adolescencia, pero para ello es necesario capacitar a las y los maestros de los diversos niveles de educación, una forma de hacerlo es establecer vínculos y acuerdos de colaboración con instituciones como la Condusef”.
El fin es que con el paso del tiempo se cree una generación de personas financieramente responsables, es decir, una persona que cuida sus finanzas de manera eficiente y efectiva, que entiende que la salud financiera está vinculada con la salud física y el bienestar social, resaltó el legislador.
Por otro lado, las diputadas Diana Rangel Zúñiga y Tania Eréndira Meza Escorza, ambas de la bancada de Morena, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 124 de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo.
El fin del proyecto es que los organismos operadores, municipales e intermunicipales deban otorgar subsidios, apoyos o descuentos en la tarifa de servicio doméstico, que otorga el estado, a efecto de garantizarles el derecho humano al agua, para los usuarios que cuenten con la categoría o condición de personas adultas mayores, con discapacidad y/o jubiladas, debidamente acreditados con la credencial o documentación vigente.
Según la iniciativa, al otorgar estos beneficios, los organismos operadores contribuyen a construir una sociedad más inclusiva y equitativa, fortaleciendo el tejido social al garantizar que todos los ciudadanos, sin importar sus condiciones de vida, tengan acceso pleno a recursos esenciales como el agua. Esta política no solo cumple con mandatos legales, sino que también refleja un compromiso ético y humano con la población, promoviendo el respeto a la dignidad y la igualdad en el acceso a servicios básicos.
La legisladora Mónica Leanett Reyes Martínez, de Nueva Alianza, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo, con el fin de proponer la integración de la policía violeta al marco legal.
Esta propuesta, indicó la diputada, busca dar certeza jurídica a esta unidad, por ello se pretende incluirla en el marco normativo, pero su propósito fundamental es que la Policía Violeta trascienda momentos políticos y coyunturales, que no sea una unidad que puedan desaparecer con facilidad por no encontrar su naturaleza en un ordenamiento jurídico.
De acuerdo con la iniciativa, “por sus excelentes resultados y porque tenemos que impulsar la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres, tenemos que plantear que ésta sea una instancia permanente al servicio de mujeres, niñas y grupos vulnerables, a fin de contar con policías debidamente capacitados para tener una actuación pronta y salvaguardar los derechos humanos de las víctimas”.
Mientras que el legislador Francisco Javier Téllez Sánchez, del PT, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo para incorporar un lenguaje inclusivo que refleje el compromiso del Poder Legislativo con los principios de equidad e igualdad de género.
De acuerdo con la iniciativa, se reconoce que el lenguaje no solo comunica, sino que también construye realidades y se propone adoptar prácticas que visibilicen y respeten a todas las personas, sin distinción de género.
El diputado Juan Pablo Escalante Urban, de Morena, detalló la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo, en materia de entrega-recepción de fraccionamientos.
El fin de lo anterior es establecer los lineamientos para que se realice la entrega-recepción de fraccionamientos (municipalización) de una o más etapas y las sanciones en caso de su incumplimiento, lo cual busca reducir la incertidumbre para que la población hidalguense acceda a servicios públicos básicos (como agua o electricidad) al momento de adquirir una vivienda.
Además, la legisladora del PAN, Claudia Lilia Luna Islas presentó la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se modifican y adicionan disposiciones a la Ley de Derechos de las Personas Jóvenes del Estado de Hidalgo, en materia de discapacidad.
De acuerdo con la iniciativa, el fin es garantizar que las personas jóvenes que viven con discapacidad disfruten de una plena inclusión en todos los ámbitos de la sociedad, reconociendo y promoviendo sus derechos específicos, creando mecanismos de sensibilización y capacitación hacia los servidores públicos y la sociedad en general para eliminar barreras físicas, sociales que limitan el ejercicio pleno de los derechos de las personas jóvenes con discapacidad.
Además de contemplar la implementación de políticas públicas inclusivas que promuevan la accesibilidad, la autonomía personal y el bienestar integral de este grupo de jóvenes.
La utilidad de esta iniciativa, indicó la diputada, es la creación de un marco normativo más inclusivo y equitativo para las personas jóvenes que viven con discapacidad, buscando garantizar su pleno ejercicio de derechos en todos los aspectos de la vida social, política, económica y cultural. Por redacción 📝
