Sustracción de menores: el delito silencioso que desestabiliza familias

Hay delitos que duelen más allá de los juzgados. La sustracción de menores es uno de ellos. No estamos hablando solo de un tecnicismo jurídico, sino de una herida abierta que desgarra familias, rompe vínculos irremplazables y deja marcas invisibles pero imborrables en el corazón de los niños.

En un país donde los conflictos familiares suelen resolverse con confrontación antes que con diálogo, este delito ha encontrado terreno fértil. Lo vemos en historias cotidianas: un padre que, en medio de una disputa por la custodia, decide “llevarse” al niño sin autorización; una madre que impide las convivencias dictadas por un juez porque siente que el otro progenitor “no lo merece”; un abuelo que, creyendo proteger, retiene al menor lejos de quien tiene la guarda y custodia. Todos con una misma justificación: “lo hago por el bien del niño”. Pero la realidad es que, bajo ese pretexto, lo único que logran es dañarlo.

¿Por qué es tan grave?

La sustracción de un menor no solo viola la ley, sino que destroza el principio más importante en toda decisión que involucre a un niño: el interés superior del menor. Convertir a un hijo en el botín de un pleito es despojarlo de su derecho a una vida estable, segura y libre de conflictos.

Desde una perspectiva ética, el acto es indefendible. No importa quién lo cometa sea un progenitor, un familiar cercano o un tercero. La sustracción:

  • Rompe la seguridad emocional del niño, que pierde de golpe la confianza en quienes deberían protegerlo.
  • Provoca traumas duraderos: ansiedad, miedo, problemas de apego, e incluso rechazo hacia la figura que lo sustrajo.
  • Altera su desarrollo: afecta su rendimiento escolar, su capacidad para relacionarse y su estabilidad emocional a largo plazo.

No se trata de exagerar. Quienes trabajamos con estos casos sabemos que los menores sustraídos pueden cargar por años con sentimientos de abandono, lealtades divididas y un profundo dolor por haber sido usados como armas en un conflicto que no les pertenece.

El marco legal en Hidalgo herramientas, no excusas.

En el Estado de Hidalgo, la sustracción de menores no es un tema menor: el Código Penal contempla penas de 5 a 10 años de prisión para el responsable, así como multas que pueden ir de 25 a 100 días.

Además, el juez puede determinar la pérdida de la guarda y custodia para el progenitor infractor, priorizando el bienestar del niño por encima de cualquier vínculo biológico.

El problema es que muchas veces las familias no denuncian. Por miedo, por desconocimiento o por creer que “se puede arreglar entre nosotros”. Pero mientras se espera, el daño avanza.

La ley existe, pero de nada sirve si no se activa. La denuncia ante el Ministerio Público no es una amenaza: es un mecanismo de protección que permite recuperar al menor y salvaguardar sus derechos de inmediato.

¿Qué podemos hacer como sociedad?

La sustracción de menores no es un problema exclusivo de las familias involucradas; es una herida social. Necesitamos dejar de justificar estas conductas bajo frases como “es su hijo, tiene derecho” o “seguro lo hizo para protegerlo”. No: sustraer a un niño fuera del marco legal nunca es protección. Es un acto de violencia.

Se requiere:

  • Conciencia: comprender que los niños no son propiedad de nadie. Son sujetos de derechos.
  • Acción temprana: denunciar inmediatamente ante las autoridades. Cada hora cuenta.
  • Apoyo emocional: acompañar a los menores en el proceso con atención psicológica especializada.
  • Educación legal: promover el conocimiento sobre las vías correctas para resolver conflictos de custodia y visitas.

Conclusión: el costo del silencio

Cada día que un menor permanece sustraído fuera de su entorno seguro, su dolor aumenta y sus cicatrices se hacen más profundas. Como sociedad, no podemos normalizarlo ni callar.

La sustracción de menores no es un asunto privado: es un delito que despoja a los niños de su derecho a crecer en paz. La ley en Hidalgo da las herramientas, pero la verdadera transformación empieza cuando entendemos que proteger a los menores no es solo una obligación jurídica, sino el compromiso más grande que tenemos como seres humanos.

Porque al final, cuando un niño es utilizado como rehén en una disputa, no gana nadie: perdemos todos.

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